Baja en la edad de punibilidad, un debate pendiente
El famoso caso del “Polaquito” ha reavivado una discusión que parecía olvidada, la baja de la edad de punibilidad. Sin embargo, ¿esto representa una verdadera solución al problema? ¿podrían darse otras respuestas desde el Estado?
El domingo 16 de julio en el programa Periodismo para Todos que conduce Jorge Lanata por Canal 13, se entrevistó a un niño de 11 años conocido como “Polaquito”, quien afirmó haber cometido diferentes delitos, entre ellos un asesinato. Al día siguiente su madre desmintió varios puntos de la nota realizada, expresó que el menor había salido en televisión sin su aprobación y que no había matado a nadie. Asimismo, aseguró que su hijo había sido presionado por dos policías para realizar la entrevista. Finalmente la mujer, acompañada por la organización Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), realizó dos denuncias. Una contra el canal por el uso de la imagen del menor, lo cual va en contra de las leyes y tratados internacionales que protegen los derechos del niño, y otra para que se investigue la coacción a la que fue sometido.
El tratamiento mediático que se ha hecho sobre esta situación, ha reavivado el debate acerca de la edad de punibilidad y ha situado a los menores como los principales responsables de delitos graves. Sin embargo, las estadísticas contradicen esta afirmación pues el porcentaje de menores que realizan este tipo de infracciones es mínimo.
En este contexto, el concepto de “inseguridad” es utilizado por los políticos y los medios masivos de comunicación para instalar y reforzar la idea de que la solución a este problema es “la mano dura”. Es decir, aplicar penas a menores de 16 años que hayan cometido delitos. Sin embargo, se trata de una respuesta simplista que focaliza la responsabilidad en los niños o adolescentes, corriendo del centro la verdadera cuestión: la ausencia de políticas de Estado.
Al mismo tiempo, no hay que perder de vista que hoy en día las cárceles no cumplen con la supuesta finalidad de “reinserción” de la persona en sociedad. Se trata de espacios superpoblados en los que no se garantizan los derechos humanos fundamentales. Así, instituciones caracterizadas por la violencia, como son los lugares de detención en nuestro país, sólo pueden generar mayor violencia y desde ningún punto de vista representar una solución a un problema de las características planteadas.
En este escenario, una respuesta que no implique una regresión en materia de derechos, supone la aplicación de políticas de educación e inclusión social para prevenir delitos. y al mismo tiempo que frente a la posible realización de conductas en infracción de la ley, se prioricen medidas alternativas a la prisión, tales como la reparación o el trabajo comunitario, teniendo en cuenta la gravedad del hecho.
Lo sucedido con el famoso caso del “Polaquito” no fue más que una puesta en escena para mostrar una realidad que es mucho más compleja. La desigualdad y la marginación no se solucionan con “mano dura”, sino con políticas integrales que permitan mayor igualdad y participación. La baja en la edad de punibilidad se trata de un debate que debemos darnos como sociedad, sin dejarnos engañar por planteos simplistas.
